+POR LA REGENERACION POLITICA DE CANTABRIA SIN CORRUPCIONES.
+POR LA COLABORACION DE CANTABRIA Y CASTILLA LEON.
+POR EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y DE INFRATRUCTURAS EN LAS COMUNICACIONES DE NUESTRA REGION.(la mas retrasada de España POR QUÉ?)
+POR UNA ALTERNATIVA POLITICA PARA NUESTROS CIUDADANOS CANTABROS¡¡¡
+POR UN DESARROLLO DE LA POLITICA SOBRE EMPLEO PARA MEJORAR LA SITUCION DE NUESTROS JOVENES Y EVITAR SU SALIDA DE CANTABRIA
MANIFIESTO FUNDACIONAL DE LA UNION
Reunidos en Santander un grupo de ciudadanos librepensadores e independientes, procedentes de distintos ámbitos de la sociedad civil, con convicciones políticas diversas en lo personal, pero unidos por la idea común de la imperante necesidad de iniciar un proceso de regeneración de la vida política regional y de la consolidación de espacios comunes de colaboración entre Cantabria y Castilla y León como mejor proyecto de futuro socioeconómico y político para nuestra región y de vertebración de España.
MANIFIESTAN
Que con el advenimiento de la democracia a España, hace casi treinta años, se abrió un período de ilusión y esperanza de futuro para todos aquellos que siempre creímos en la soberanía popular como base y fundamento de un Estado de derecho, justo, igualitario y solidario con todos sus ciudadanos.
Que transcurrido más de un cuarto de siglo, la realidad está poniendo de manifiesto una creciente debilidad y degeneración de nuestro sistema político.
Que en los últimos años venimos asistiendo en España y de manera más concreta en Cantabria a un paulatino deterioro del espacio público y a un claro distanciamiento entre los representantes políticos y los ciudadanos.
Que existe un desencanto social y un creciente abandono colectivo de los asuntos de interés general, monopolizados por los partidos políticos o por quienes los controlan.
Que ha desaparecido de nuestra sociedad la pretensión de alcanzar comportamientos éticos en la gestión publica, premiándose el vasallaje y el servilismo, primando los intereses particulares sobre los generales.
Que las personas mejor preparadas tanto moral como profesionalmente han abandonado la política en beneficio de la mediocridad.
Que existe actualmente una completa confusión entre el gobierno de lo público y lo privado.
Que el llamado Estado de las Autonomías, bueno en su origen y concepción, como mejor forma de acercar la administración al ciudadano y mejorar la calidad del servicio, se ha desvirtuado y derivando hacia una suerte de huída hacia adelante, que está teniendo como consecuencia el ahondamiento en las desigualdades socioeconómicas y políticas entre ciudadanos de unas y otras regiones españolas. Todo ello como consecuencia de la presión de grupos minoritarios de corte nacionalista.
Que la experiencia política de estos 25 años de autonomía han puesto de manifiesto el surgimiento de una clase política endogámica, clientelar y de unos elevados niveles de corrupción, tanto en los ámbitos de la administración local como regional.
Que el sostenimiento de nuestras instituciones autonómicas y del sector publico supone un coste insostenible para nuestra pequeña economía regional.
Que en la conformación del Estado de las Autonomías y por la incomprensible decisión de unos pocos políticos, Cantabria fue segregada de su región histórica natural, Castilla, sin un referéndum que hubiera legitimado esta cuestión.
Que la experiencia de Cantabria como Comunidad Autónoma uniprovincial ha resultado decepcionante, por cuanto nuestro escaso tamaño poblacional no nos permite tener peso político y económico alguno en los centros de decisión política de ámbito nacional, el Gobierno central, el Congreso de los Diputados y el Senado.
Que el escaso peso político de nuestra autonomía se ve acentuado por una economía regional débil, en la que los sectores primario (agricultura, ganadería y pesca) y secundario (industria) han experimentado un franco retroceso, confiando todo nuestro desarrollo casi en exclusiva al subsector de la construcción y al subsector turístico, con los riesgos estructurales que ello conlleva.
En los años 80 del pasado siglo no existía fervor autonomista en España y menos aun en Cantabria. El entusiasmo por crear una autonomía en nuestra región, si bien era ficticio respecto de la población, era real dentro de buena parte de la nuevas élites políticas, conscientes de que la uniprovincialidad ponía encima de la mesa la perspectiva de formación de gobierno, parlamento y administración propia, es decir una auténtica esfera de poder, con multitud de puestos políticos a cubrir, por lo que no dudaron en imponerse sobre el interés general.
La construcción del Estado autonómico ha dado lugar a una novedad, la competencia entre regiones, y es en este aspecto fundamental donde se acredita que nuestra autonomía, la penúltima de España en población y por tanto en fuerza electoral, carece de poder e influencia política ante el Gobierno de la Nación y ante la Unión Europea, por lo que recibimos el apoyo correspondiente a nuestra débil posición.
Nuestro pobre significado institucional, unido a nuestra posición geográfica, nos ha colocado, en el último lugar en infraestructuras, con la consiguiente pérdida de interés estratégico y económico, iniciándose el siglo XXI sin haber completado aún una comunicación moderna por carretera con el centro de España, que las regiones de nuestro entorno disfrutan desde hace varios lustros, y sin ni siquiera proyecto de conexión ferroviaria de última generación, mientras que en Galicia, Castilla y León, Asturias, y País Vasco, ya tienen iniciadas las obras, por lo que en el primer cuarto de este siglo, la historia se repetirá. Por ende, el Estado ha dotado a todas las regiones cantábricas de una gran infraestructura portuaria, y así se construyó el Superpuerto de Bilbao, y se han iniciado las obras del Superpuerto de Gijón, y el Puerto Exterior de La Coruña, mientras que Cantabria es la única que no cuenta con tal infraestructura, habiéndose culminado ya la pérdida de una reivindicación histórica, el Santander-Mediterráneo, que ahora pasa a ser el Bilbao-Mediterráneo.
Afirmamos que la actual Comunidad Autonómica de Cantabria condena a su ciudadanía a un aislamiento, ya endémico, convirtiéndonos en satélites de comunidades más ricas y fuertes en lo económico y en lo político.
Por ello, sería más útil promover lugares de cooperación, al menos en lo económico con Castilla y León y devolver a los cantabros el derecho que les fue arrebatado, recuperando la disposición estatutaria que permita optar en el futuro a una futura unión si así lo quiere la mayoría y es beneficioso para los intereses de Cantabria.
Tal acción no se ha de imponer. Lo que patrocinamos es que en un futuro sean los ciudadanos de Cantabria los que determinen el cambio institucional, por lo que defendemos la reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria para introducir la disposición legal que prevea la futura unión.
Igualmente, declaramos nuestro firme propósito de contribuir a cohesionar el territorio nacional –en el ámbito que nos corresponde- de tal suerte que España sea justa, solidaria y fraterna con sus ciudadanos.
Lejos de ser la anterior una afirmación retórica, nuestra acción política está encaminada a poner en la práctica medidas para invertir la tendencia centrífuga, favorecida por consideración de las autonomías como compartimentos estancos.
Por ello, la actividad política necesaria a tales fines consistirá en iniciar las vías de colaboración de todo orden entre las Autonomías de Cantabria y de Castilla y León , mediante el impulso de una estrecha acción institucional concertada, y poniendo en común servicios estratégicos, es decir, la Sanidad, la Educación, y el Puerto de Santander, creando así sinergias y economías de escala, y una actividad política común en beneficio de los ciudadanos, al servicio de cuyos intereses se han de poner las instituciones, y no al contrario, por lo que no se ha de dudar en ceder poder y ponerlo en común. En definitiva queremos engrandecer Cantabria, fomentar su acción común con Castilla y León y recrear España como lugar común y benéfico para todos los españoles sin excepción.
En este sentido, afirmamos nuestra irrenunciable decisión de conformarnos en una organización electoral que concurrirá a los próximos comicios autonómicos y municipales en Cantabria, en base a los siguientes postulados básicos.
- Sentar las bases para iniciar un proceso de regeneración política.
- Restablecer en el Estatuto de Autonomía el derecho arrebatado a los ciudadanos de Cantabria a elegir libremente su futuro y poder optar por la unión con Castilla y León, si es útil para los intereses de Cantabria y así lo quieren mayoritariamente los ciudadanos.
En consecuencia Impulsaremos como principales medidas reformadoras:
La modificación de la legislación estatal sobre financiación de partidos, uno de los orígenes de la corrupción.
El aumento de los medios materiales de la Administración de Justicia, en especial los de la fiscalía anticorrupción.
El desarrollo de la descentralización administrativa de los municipios, abordando el problema de la financiación municipal traspasando competencias regionales acompañándolas de dotaciones presupuestarias suficientes. Desarrollando e impulsando la comarcalización y la mancomunidad de servicios, en especial los de carácter asistencial.
La reforma en profundidad de la Ley del suelo, dentro de las competencias regionales, que evite la actual paralización del planeamiento y los indicios de corrupción en las actuaciones urbanísticas, promoviendo desde Cantabria el debate y las medidas adecuadas dentro de la legislación estatal. En este sentido, proclamamos que uno de los objetivos fundamentales es la defensa de nuestro territorio del abuso, maltrato y violencia que viene sufriendo, impidiendo que se malvenda y sea moneda de cambio entre el poder y los agentes económicos ante la mirada distanciada del resto de la sociedad. Para ello impulsaremos un cambio profundo en el marco legal actualmente vigente, a todas luces inoperante.
El impulso y el ejemplo desde las instituciones de comportamientos éticos y el sentimiento de Estado de derecho. Para ello, dentro del ámbito competencial autonómico se reforzaran los medios materiales y humanos del poder judicial y en concreto de la Fiscalía anticorrupción.
La supresión de las empresas públicas regionales que no sean necesarias. Como consecuencia se impulsara un sector público dimensionado, reformándolo en profundidad a través de un marco legal riguroso basado en dos premisas básicas: transparencia y eficacia. Para ello se instrumentará un sistema legal de control financiero, presupuestario y contable, de actuaciones y programas, con especial tratamiento de las adjudicaciones de contratos, de las actuaciones y del cumplimiento o desviación de objetivos. Prioritariamente se evitará la actual opacidad de empresas públicas y la red clientelar, estableciendo mecanismos en los que la información sobre las empresas públicas no esté blindada. Específicamente en las en las sociedades publicas se arbitrará un estricto régimen de contratación de personal basado en el merito y la capacidad y en base a los principios de publicidad y concurrencia. Asimismo, se unificaran los criterios salariales de contratación de los altos cargos del sector público. Actualmente opacos, sin definir y sin homogeneizar.
La Disminución del gasto público , entre otras medidas a través de la limitación de las dietas e indemnizaciones que se generan en el sector publico (Ejemplo paradigmático: Sodercan) En particular se declarará la incompatibilidad absoluta del sueldo de diputado regional, miembro del gobierno regional o alto cargo del sector publico o organizaciones representativas de intereses con cualquier tipo de percepción salarial o indemnización por asistencia a reuniones, o por su participación en cualquier organismo consultivo o directivo, de empresas publicas, consorcios o entidades de derecho publico o privado que estén participados directa o indirectamente con fondos públicos, autonómicos o municipales. Y aun cuando no lo estén, su designación tenga su causa mediata o inmediata en ostentar la condición de diputado o miembro del gobierno regional.
Aumentar la Optimización de los recursos humanos de la Administración regional, Para ello se desarrollará una norma de carácter reglamentario en la que la contratación de estudios o trabajos técnicos externos sea la excepción y no la norma, evitándose así el pesebrismo y la elaboración de estudios o trabajos innecesarios y duplicados que jamás se aplican. Trabajo que con frecuencia puede ser acometido por los funcionarios sobradamente cualificados
Una reducción de la participación de la clase política en todos los órganos de Caja Cantabria, ya sean éstos directivos o consultivos o cualquier empresa participada directa o indirectamente por Caja Cantabria, de tal modo que la representación política se convierta en minoritaria.
Normalizar las relaciones Gobierno-Parlamento, a través de un endurecimiento de la Ley de Régimen jurídico del Gobierno, de tal forma que aquel no pueda evadir el control parlamentario, por lo que se refiere al suministro de información tanto política como económica de sus actuaciones. Igualmente se instrumentará una normativa estricta de publicidad institucional.
Impulsar el Especial tratamiento de la educación y divulgación de la cultura entre los ciudadanos, huyendo de los actuales postulados de la cultura entendida únicamente como ocio y considerando que solo con ciudadanos críticos y cultos, puede prosperar una sociedad. En paralelo, se fomentará la participación ciudadana.
Organizar mecanismos de evaluación y control de los fondos repartidos en los procesos de concertación regional de a las distintas organizaciones y su grado de cumplimiento. Especial tratamiento y análisis de los destinos, aplicación y efectividad de los fondos destinados a formación.
Negar, por ultimo, el actual sistema basado en la profesionalización de la política y la meritocracia e impulsar la Reforma del sistema electoral propugnando el sistema de listas abiertas. En este sentido es fundamental la limitación de mandatos en el ejercicio de cualquier cargo, evitando que la política sea una “estación termini”
